Las autoridades del estado de Utah revocaron la licencia del campus residencial para niñas de Provo Canyon School tras determinar que el centro no cumplía con los estándares obligatorios de salud y seguridad.
Los reguladores estatales señalaron diversas infracciones, entre ellas el uso innecesario de restricciones físicas, conducta agresiva por parte del personal y casos de negligencia. Según la orden emitida, el campus de Springville deberá cesar sus operaciones antes del 6 de agosto, salvo que la decisión sea revocada mediante el proceso de apelación.
El anuncio representa un momento significativo para las personas sobrevivientes que han denunciado abusos, incluida Paris Hilton, quien durante años ha hablado públicamente sobre su experiencia en la escuela durante la década de 1990, cuando el centro operaba bajo una administración diferente.
Hilton afirmó que la decisión confirma lo que muchos exresidentes han denunciado durante décadas y la calificó como un reconocimiento largamente esperado para quienes reportaron abusos y negligencia. También expresó su esperanza de que esta medida ayude a proteger a los menores que actualmente permanecen en programas residenciales de tratamiento y demuestre que ninguna institución está por encima de la rendición de cuentas.
Representantes de la escuela informaron que están evaluando la decisión del estado y considerando las opciones legales y administrativas disponibles, incluida una apelación. Añadieron que su prioridad sigue siendo brindar una atención segura a los adolescentes y apoyar a las familias a las que prestan servicio.
La medida regulatoria se produce en medio de un mayor escrutinio sobre la institución. El campus para niños continúa operando, pero tiene prohibido admitir nuevos residentes mientras las autoridades investigan preocupaciones independientes relacionadas con la seguridad de los estudiantes y la respuesta del personal ante un incidente.
Hilton se ha convertido en una de las principales impulsoras de reformas dentro de la denominada industria de los adolescentes con problemas. Desde que hizo pública su experiencia, ha colaborado con legisladores de distintos estados de Estados Unidos y ha testificado ante el Congreso para promover una supervisión más estricta y mayores protecciones para los jóvenes que son enviados a centros privados de tratamiento residencial.
La orden de cierre representa una de las acciones regulatorias más importantes adoptadas contra la institución y refleja el creciente esfuerzo de las autoridades y de los defensores de los derechos de los menores por fortalecer la supervisión y la responsabilidad de los centros de tratamiento para jóvenes.
